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Juicios como objeto de la prueba

El objetivo principal de la prueba en el derecho procesal civil es conseguir que quede acreditada ante la autoridad judicial la realidad de los hechos alegados. La intención es conseguir un “vencimiento” de las propias demandas frente a lo alegado por la contraparte.

Las normas de carga de la prueba solo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos en cada proceso. Además, constituyen reglas de decisiva orientación para la actividad de cada una de las partes. De esta manera, las normas de carga permiten confiar en el acierto del enjuiciamiento. Siempre que no se trate de casos en que esté implicado un interés público. En este caso resultará exigible que se agoten las posibilidades de aclarar los hechos.

Los hechos que estarán exentos de prueba y que por consiguiente no es necesario probarlos son aquellos sobre los que existe plena conformidad por las dos partes. También aquellos hechos que gocen de notoriedad absoluta y general, y los hechos favorecidos por una presunción.

Existen diferentes tipos de prueba: directas e indirectas, plenas y semiplenas, principales y contrapruebas.

¿Qué son las demandas?

En un juicio, la demanda da inicio a un procedimiento judicial por el cual el demandante pide una tutela jurisdiccional frente al demandado en forma de sentencia que le sea favorable a sus intereses.

La demanda se constituye como una petición de una persona, en este caso es el demandante, para que la justicia actúe en contra de los intereses de otra persona, que en este caso es el demandado, solicitando el inicio de un proceso judicial. Esta acción civil se sustenta sobre el principio de que el demandante puede solicitar la reclamación de uno o varios derechos frente al demandado. De esta manera se presenta la demanda que dará inicio al procedimiento judicial.

El juicio comienza por la formulación de la demanda.

Sentencias como título ejecutivo en los juicios

Los títulos judiciales son aquellos que consisten o bien en resoluciones que han sido dictadas por el Tribunal español, sobre los que la ley dice que son título ejecutivo, o bien en otros títulos que la ley equipara a las resoluciones judiciales a la hora de su ejecución. En estos títulos puede haberse procedido a la documentación de todo tipo de obligaciones, con lo que se comprende todo tipo de prestaciones.

Dentro de los títulos judiciales se encuentran los siguientes: sentencia de condena firme, laudos o resoluciones arbitrales, acuerdos de mediación, resoluciones judiciales de aprobación u homologación de transacciones judiciales o de acuerdos logrados en el proceso, auto de cuantía máxima y otras resoluciones judiciales.

Existen también títulos no judiciales, los cuales son documentos de origen contractual que únicamente pueden documentar obligaciones dinerarias, por una cantidad determinada que exceda de 300 euros, ya se dinero en efectivo o en moneda extranjera convertible. En esta categoría se pueden citar los siguientes títulos ejecutivos: escritura pública, pólizas de contratos mercantiles, obligaciones y cupones vencidos y anotaciones en cuenta.

Además de estos dos títulos citados, que son los más comunes, también existen los títulos extranjeros, los títulos jurídico europeos y el laudo extranjero. Finalmente, no hay olvidar las sentencias de las resoluciones dictadas por los tribunales Eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.

¿Por qué las sentencias penales en algunas ocasiones no son objetivas?

El derecho penal objetivo está formado por normas que determinan qué comportamientos humanos son intolerables. A estos se les define como infracciones penales y determinan cuales son las consecuencias jurídicas que van a ser aplicadas a estos comportamientos, que vienen conformadas por penas o medidas de seguridad. Es decir, es el que se refiere exactamente a lo que sería el ordenamiento penal.

Por otra parte, está el derecho penal subjetivo. Que se define como las facultades que el derecho le da a alguien para que pueda castigar o imponer sanciones a aquellos individuos que no cumplan con las conductas que se exigen en la norma. En nuestra sociedad quien tiene estas facultades es el Estado. Es por esto que se puede considerar el derecho subjetivo como la expresión de un acuerdo democrático tomado en uso de las facultades conferidas por la ciudadanía y que está dirigido a todos bajo amenaza o sanción.

La diferenciación que se le da al derecho penal según el punto de vista es importante. El derecho penal objetivo puede ser considerado como necesario para que tenga sentido lo que recoge el derecho penal subjetivo.

Nulidad de sentencia y prisión preventiva en los juicios

Las resoluciones que deciden sobre nulidades procesales no constituyen sentencia definitiva y, por tanto, no resultan impugnables en casación. Por excepción se admite que estas decisiones se recurran cuando acarreen una carga irreparable. Esto ocurre cuando recobra vigencia la prisión preventiva oportunamente finalizable. Hay otras resoluciones en las que antes del fallo final de la causa registran la libertad del imputado. Éstas se equiparan a sentencias definitivas y, por tanto, resultan impugnables en casación.

En la regulación general de los recursos en materia penal, se atribuye al tribunal el conocimiento del proceso, pero sólo en los puntos de la resolución a que se refieran los agravios. De esta manera, el tribunal de grado superior encuentra definido el ejercicio de su jurisdicción dentro de los limites que fijan los puntos graves que muestra el impugnante en el momento de interponer el recurso. Este marco solo se deberá superar si corresponde declarar una nulidad absoluta. Por mucho que la vía impugnativa no haya sido motivada y esté abierta la vía del recurso, es necesario saber que pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso. Es una competencia restringida solo a lo que se especifica en la cuestión discutida del recurso que se trate.